De los siguientes 16 Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos en la Reunión Ordinaria del Consejo Permanente del miércoles 22 de febrero de 2023:
Argentina, Antigua y Barbuda, Barbados, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Guyana, Paraguay, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago y Uruguay.
Nosotros, los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que hacemos hoy esta declaración en el Consejo Permanente, saludamos la liberación de 222 presos políticos nicaragüenses el 9 de febrero de 2023 y su llegada a los Estados Unidos, horas más tarde, durante ese mismo día.
También acogemos con satisfacción la oferta del Gobierno de España de conceder la ciudadanía a los presos políticos liberados.
Tras meses y años en algunos casos, de detención injustificable, en condiciones muchas veces espantosas, la liberación de estos presos políticos estaba en espera y compartimos la alegría de las familias, amigos y simpatizantes de los liberados por reunirse por fin con sus seres queridos.
Sin embargo, deploramos que, como lo señaló la CIDH en su comunicado del 13 de febrero, aunque estos presos políticos han sido liberados, el Gobierno de Nicaragua ha tomado medidas para despojarlos de todos sus derechos políticos y de su ciudadanía, dejando a la mayoría de ellos en condición de apátridas.
Recordamos que, en virtud del artículo 15 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, todas las personas tienen derecho a una nacionalidad y nadie podrá ser privado arbitrariamente de ella.
Hoy recordamos la muerte, en circunstancias inquietantes, del preso político nicaragüense Hugo Torres, fallecido en la prisión de El Chipote en febrero de 2022, y reiteramos nuestra preocupación por todos los presos y presas políticas que permanecen detenidas injustificadamente en Nicaragua. También tomamos nota, con gran preocupación, de la reciente condena del obispo Rolando Álvarez a 26 años en prisión y la revocación de su nacionalidad.
Rechazamos, asimismo, la cancelación arbitraria de la nacionalidad a 94 nicaragüenses, el pasado 15 de febrero de 2023, así como el embargo ilegal de sus bienes, y la utilización de estas medidas como método de castigo y opresión.
Seguimos instando al Gobierno de Nicaragua a que cese toda acción violenta contra la población del país y restablezca plenamente los derechos civiles y políticos, las libertades religiosas y el Estado de derecho; y a que ponga fin a todas las formas de intimidación y hostigamiento contra periodistas, medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales.
Seguimos instando al Gobierno de Nicaragua a que cese la represión y la detención arbitraria de líderes y lideresas comunitarias, incluidos los de la Iglesia católica, y a que permita el acceso sin trabas a su territorio a los organismos internacionales de derechos humanos, en un espíritu de transparencia y rendición de cuentas
Hacemos un llamado al Gobierno de Nicaragua para que cumpla los compromisos consagrados en la Carta Democrática Interamericana, que reconoce la democracia representativa como indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región y que el propio ministro de Asuntos Exteriores de Nicaragua, Francisco Aguirre-Sacasa, firmó el 11 de septiembre de 2001.
Tomamos nota de que el exministro Aguirre-Sacasa, que fue detenido por la policía nicaragüense en agosto de 2021, fue uno de los presos políticos liberados el 9 de febrero, tras 19 meses de encarcelamiento y arresto domiciliario. Le deseamos lo mejor a él y a todos presos recién liberados.
La Carta Democrática interamericana asegura el derecho del pueblo nicaragüense a la democracia representativa y elegir su propio futuro mediante elecciones libres y justas.
Juntos, reiteramos nuestra postura en solidaridad con el pueblo de Nicaragua, con las víctimas de violaciones de los derechos humanos y con sus familias, y repetimos nuestro llamado a la liberación inmediata de todas las personas presas políticas que quedan en Nicaragua.
También reafirmamos nuestro apoyo al compromiso, asumido en la reunión de octubre de 2022 de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, de "ofrecer al Gobierno de Nicaragua la oportunidad de discutir todos los asuntos pertinentes".