Considerando la situación en Bolivia y, en particular, los hechos de 10 de noviembre de 2019, los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela declaran:

1. Rechazar todos los actos de violencia, cualquiera sea su origen, que atenten contra la estabilidad y la defensa de la democracia en Bolivia.

2. Hacer un llamado a la paz social, subrayando que la salida a la crisis debe darse dentro de un marco de total respeto a la Constitución, a las leyes bolivianas y al Estado de Derecho.

3. Instar a los actores políticos y los representantes de todos los órganos del estado boliviano para que actúen de acuerdo con su mandato constitucional;

4. Reconocer el trabajo profesional y técnico realizado por los equipos de la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos y de la Misión de Análisis de Integridad Electoral de la OEA, que analizaron, a invitación del Gobierno de Bolivia, diferentes etapas del proceso electoral llevado a cabo el 20 de octubre de 2019;

5. Subrayar que la Misión de Análisis de Integridad Electoral señaló, en razón de las irregularidades encontradas en el proceso electoral, que no era posible validar los resultados de la elección boliviana, por lo que recomendó la realización de otro proceso electoral, el cual deberá contar con nuevas autoridades electorales y con observadores internacionales, para generar credibilidad en el proceso de transición democrática; y

6. Hacer un llamado, en ese sentido, para que la definición de la Presidencia provisional se efectúe urgentemente y conforme lo estipula la Constitución y las leyes bolivianas y se dé inicio al proceso de convocatoria a elecciones lo más pronto posible, con garantías expresas de que el proceso electoral sea desarrollado con justicia, libertad, transparencia y respeto a la voluntad soberana del pueblo boliviano.