El Ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala Carlos Raúl Morales se reunió varios de sus antecesores, Cancilleres de Guatemala con la finalidad de abordar el tema del Diferendo, Territorial, Insular y Marítimo con Belice, con el objetivo primordial de escuchar sus opiniones, comentarios y propuestas, de acuerdo a sus experiencias en la problemática.
Dentro de lo abordado se refirieron a los detalles históricos de esta controversia con Belice y las fases que han sido agotadas, como la negociación bilateral directa, en la que ambos países no pudieron ponerse de acuerdo.
Guatemala ha reconocido a Belice como un país independiente y a su Gobierno desde 1991, sin embargo se mantiene el reclamo por el territorio continental, insular y marítimo que actualmente ocupa.
De tal cuenta coincidieron en que la vía pacífica y más conveniente para solucionar la situación es que se acuda a la Corte Internacional de Justicia, un tribunal internacional que pertenece a Naciones Unidas, que fue creado para atender este tipo de problemas territoriales y sus sentencias son definitivas, por lo que deben cumplirse.
Guatemala prevé celebrar su Consulta Popular este año, para ello el Congreso de la República aprobó mediante el Acuerdo Legislativo 22-2017, que el Tribunal Supremo Electoral organice la realización de la misma, Belice por su lado definirá la fecha para la realización de su Consulta, debe realizarse en ambos países en cumplimiento a lo acordado en el año 2008 por ambos países con una sola pregunta que básicamente busca consultar si los ciudadanos de ambos países están de acuerdo con que la Corte Internacional de Justicia conozca y resuelva el problema territorial existente.
Tanto a Guatemala como a Belice les conviene acabar con la problemática ya que esto traerá consigo la paz principalmente para las poblaciones cercanas, certeza del territorio que corresponde a cada país, se fijará una frontera entre ambos, desarrollo económico, incremento de las relaciones comerciales e inversiones, aprovechamiento turístico y mejor coordinación en materia de seguridad y certeza jurídica.